Javier Cercas
Palos de ciego
13/09/2013
elpais.com
Es posible que en los últimos tiempos estemos viviendo en Cataluña una suerte de totalitarismo soft;
o, por usar de nuevo el término de Pierre Vilar, una suerte de
“unanimismo”: la ilusión de unanimidad creada por el temor a expresar la
disidencia. El instrumento de esta concordia ficticia no es la
violencia, sino el llamado derecho a decidir: quien está en favor del
derecho a decidir no es sólo un buen catalán, sino también un auténtico
demócrata; quien está en contra no es sólo un mal catalán, sino también
un antidemócrata. Así las cosas, es natural que, salvo quienes sacan un
rédito de ello, en Cataluña casi nadie se atreva a dudar en público de
un derecho fantasmal que no ha sido argumentado, hasta donde alcanzo,
por ningún teórico, ni reconocido en ningún ordenamiento jurídico;
también es natural que nadie se resuelva a decir que, aunque parezca lo
contrario, no hay nada menos democrático que el derecho a decidir. O,
dicho de otro modo: ahora mismo, el verdadero problema en Cataluña no es
una hipotética independencia, sino el derecho a decidir.
Me explico. En democracia no
existe el derecho a decidir sobre lo que uno quiere,
indiscriminadamente. Yo no tengo derecho a decidir si me paro ante un
semáforo en rojo o no: tengo que pararme. Yo no tengo derecho a decidir
si pago impuestos o no: tengo que pagarlos. ¿Significa esto que en
democracia no es posible decidir? No: significa que, aunque decidimos a
menudo (en elecciones municipales, autonómicas y estatales), la
democracia consiste en decidir dentro de la ley, concepto este que, en
democracia, no es una broma, sino la única defensa de los débiles frente
a los poderosos y la única garantía de que una minoría no se impondrá a
la mayoría. Ahora bien, es evidente que, con la ley actual en la mano,
los catalanes no podemos decidir por nuestra cuenta si queremos la
independencia, porque la Constitución dice que la soberanía reside en el
conjunto del pueblo español (cosa nada rara: salvo la de la extinta
Unión Soviética, que yo sepa, ninguna constitución ha reconocido jamás
el derecho de que una parte del Estado se separe por su cuenta del
resto). ¿Significa esto que los catalanes no tenemos derecho a decidir
sobre nuestra independencia? A mi juicio, tampoco: si una mayoría clara e
inequívoca de catalanes quiere la independencia, parece más sensato
concedérsela que negársela, porque es muy peligroso, y a la larga
imposible, obligar a alguien a estar donde no quiere estar. La pregunta
se impone: ¿existe esa mayoría? Los partidarios del derecho a decidir
sostienen que precisamente para eso, para saber si existe, es
indispensable un referéndum (en este asunto, las encuestas no sirven,
como comprobamos en las anteriores elecciones); pero, antes de usar ese
recurso excepcional e imprevisible, cualquier político honesto y
prudente usaría el recurso previsto por la ley: las elecciones. Quiero
decir: unas elecciones en las que todos los partidos declaren, clara e
inequívocamente, su posición sobre la independencia. En las últimas, los
partidos inequívocamente independentistas (ERC más CUP) sumaron 24
diputados de 135: apenas un 17%. ¿Cuántos diputados sumarían los
independentistas si en unas futuras elecciones el resto de partidos
dijera con claridad si quiere la independencia o no? Eso es lo que
deberíamos saber antes de tomar la vía azarosa del referéndum: si hay
una mayoría de partidarios de la independencia, habrá que celebrar un
referéndum; si no la hay, no.
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